La evolución del mercado presenta un contraste significativo. Mientras las empresas de seguridad amplían su actividad y los sistemas electrónicos ganan protagonismo, las estadísticas oficiales muestran una reducción de los robos con fuerza en domicilios. Una divergencia que plantea interrogantes sobre la relación entre la inseguridad real, la percepción del riesgo y unas estrategias comerciales que, en determinados casos, han sido cuestionadas por recurrir al miedo para vender sus servicios.
Los robos con fuerza en viviendas descendieron un 8,3% en 2025, mientras las conexiones a centrales de alarmas aumentaron un 6,2%
Un negocio de 6.740 millones de euros impulsado por las alarmas
Las empresas españolas de seguridad privada alcanzaron una facturación conjunta de 6.740 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento interanual del 6%, según los datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa.
El crecimiento fue inferior al registrado en 2024, pero confirmó la tendencia expansiva de una industria en la que los sistemas electrónicos de seguridad, la monitorización remota y los servicios de vigilancia mantienen una elevada demanda.
La vigilancia tradicional continúa siendo la principal actividad por volumen de ingresos, aunque el mayor dinamismo corresponde al negocio de instalación, mantenimiento y conexión de sistemas electrónicos.
| Actividad | Facturación 2025 (millones de euros) | Variación anual | Peso |
|---|---|---|---|
| Vigilancia | 3.375 | +4,7% | 50,1% |
| Sistemas electrónicos | 2.992 | +8,4% | 44,4% |
| Transporte de fondos | 373 | -0,5% | 5,5% |
| Total | 6.740 | +6,0% | 100% |
El segmento de sistemas de seguridad es el que registra el crecimiento más intenso, con un aumento del 8,4%, frente al 4,7% de los servicios de vigilancia. Por el contrario, el transporte de fondos retrocede un 0,5%, en un contexto marcado por la extensión de los medios de pago electrónicos.
Conviene distinguir, no obstante, entre la facturación total de la industria y el negocio específico de las alarmas domésticas. Los 6.740 millones incluyen servicios prestados a empresas, instalaciones industriales, administraciones públicas y otras actividades que no están relacionadas directamente con la protección de viviendas.
Para conocer mejor el tamaño de este último mercado, otro estudio de DBK sitúa en aproximadamente 1.800 millones de euros la facturación de las cuotas de conexión a centrales receptoras de alarmas durante 2025, incluyendo clientes residenciales y profesionales.
El mismo análisis contabiliza 3,62 millones de conexiones activas al cierre del pasado ejercicio, frente a 3,41 millones en 2024. El segmento residencial aparece como el principal impulsor de ese crecimiento.
Además, se trata de un mercado muy concentrado. Los cinco mayores operadores reúnen cerca del 85% de las conexiones a centrales receptoras, circunstancia que otorga a un reducido grupo empresarial una posición relevante en la contratación de servicios de protección.
El mercado de alarmas conectadas supera los 3,6 millones de contratos activos y genera alrededor de 1.800 millones de euros anuales en cuotas de conexión
Los robos en viviendas disminuyen, pero las alarmas siguen creciendo
La expansión del negocio contrasta con los últimos datos del Ministerio del Interior.
En 2025 se registraron 74.353 robos con fuerza en domicilios, frente a los 81.094 contabilizados en 2024, lo que representa una reducción del 8,3%.
La tendencia descendente continuó durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio se contabilizaron 33.745 robos con fuerza en viviendas, frente a los 35.028 del mismo periodo del año anterior, una caída adicional del 3,7%.
La evolución de estos delitos resulta especialmente relevante porque los robos domiciliarios constituyen uno de los principales argumentos comerciales utilizados en la promoción de alarmas para el hogar.
Sin embargo, la disminución de los hechos delictivos no se ha traducido en una contracción del mercado de protección residencial.
Esta diferencia entre la evolución de los robos y la contratación de alarmas no permite establecer automáticamente que exista una percepción artificial de inseguridad. También pueden influir factores como la adquisición de segundas residencias, el desarrollo tecnológico, la mejora de los sistemas de protección y las decisiones preventivas de los propietarios.
Tampoco puede descartarse que las medidas de seguridad contribuyan a evitar determinados delitos, aunque las cifras disponibles no permiten medir cuánto del descenso nacional de los robos podría atribuirse específicamente a la instalación de alarmas.
Lo que sí muestran las estadísticas es que el crecimiento comercial de las alarmas no responde a un aumento generalizado de los robos en domicilios durante el periodo analizado.
La publicidad del miedo, una práctica cuestionada en el sector
El debate sobre el uso de la inseguridad como herramienta comercial tiene antecedentes concretos en España.
En junio de 2017, el jurado de Autocontrol, organismo de autorregulación publicitaria, solicitó la retirada de un anuncio televisivo de Securitas Direct al considerar que explotaba de manera desproporcionada el temor de los espectadores a sufrir un robo en sus viviendas.
La campaña mostraba imágenes de personas durmiendo mientras se sugería la posibilidad de que un delincuente irrumpiera en el domicilio.
La resolución consideró que la publicidad no se limitaba a informar sobre los riesgos existentes y las prestaciones del servicio, sino que recurría a una representación especialmente alarmante de una posible intrusión para incentivar la contratación.
El episodio constituye un antecedente documentado de la utilización comercial del miedo al robo, aunque no permite extender esa conclusión a todas las campañas del sector.
Más recientemente, las estrategias publicitarias de las grandes compañías de alarmas también han generado conflictos.
En 2025, Autocontrol estimó parcialmente una reclamación contra Movistar Prosegur Alarmas relacionada con la presentación de su garantía antirrobo y antiocupación, al apreciar problemas en la claridad y veracidad de determinados mensajes.
En julio de 2026, el mismo organismo consideró engañosas varias expresiones publicitarias de Verisure, entre ellas determinadas afirmaciones sobre su liderazgo y capacidad para anticiparse a las amenazas, al entender que no estaban suficientemente acreditadas.
Estos antecedentes evidencian que las afirmaciones comerciales sobre la protección de las viviendas están sometidas a límites y obligaciones de veracidad.
La publicidad de alarmas ha sido objeto de resoluciones por explotar el miedo al robo y por utilizar afirmaciones comerciales insuficientemente acreditadas
La preocupación también llegó al ámbito legislativo.
En julio de 2025, el Gobierno incorporó al anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible una propuesta destinada a regular la denominada publicidad del miedo.
La iniciativa se dirigía a anuncios que presentaran escenarios extremos o improbables para generar sentimientos de urgencia o vulnerabilidad. Entre las medidas planteadas figuraba exigir información estadística que permitiera a los consumidores valorar la dimensión real del riesgo anunciado.
Se trataba de una propuesta normativa y no de una prohibición que pueda considerarse vigente.
Cuánto cuesta realmente contratar una alarma para una vivienda
Más allá del debate sobre la inseguridad, el crecimiento del sector tiene una consecuencia económica directa: el aumento de los gastos recurrentes asociados a la protección del hogar.
Una alarma conectada a una central receptora suele comercializarse mediante contratos que combinan instalación, equipamiento, mantenimiento y una cuota periódica.
El precio depende de la empresa, las características del inmueble, los dispositivos instalados y los servicios adicionales contratados.
Como referencia, un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado en 2024, con presupuestos solicitados en 2023, situaba las cuotas ordinarias de determinados servicios entre 42,35 y 52,90 euros mensuales, una vez terminadas las promociones iniciales.
Aquella comparativa también identificaba costes de instalación que podían llegar a 299 euros, según el inmueble y la oferta. Son referencias históricas y no deben confundirse con una comparación actualizada de las tarifas de 2026.
Lo verdaderamente importante para el consumidor no es únicamente cuánto paga el primer mes, sino el coste acumulado de mantener el contrato durante varios años.
| Cuota mensual (euros) | Un año (euros) | Tres años (euros) | Cinco años (euros) |
|---|---|---|---|
| 40 | 480 | 1.440 | 2.400 |
| 50 | 600 | 1.800 | 3.000 |
| 60 | 720 | 2.160 | 3.600 |
Simulación con cuotas constantes, sin gastos de instalación, promociones, actualizaciones de precios ni servicios adicionales. Los importes son ejemplos, no tarifas comerciales verificadas.
Así, una familia que pague 50 euros mensuales por una alarma desembolsará 600 euros al año y habrá destinado 3.000 euros a ese servicio al cabo de cinco años.
La cantidad puede resultar especialmente relevante para propietarios que mantienen sistemas de seguridad tanto en su vivienda habitual como en una segunda residencia, puesto que la contratación de dos servicios independientes puede duplicar determinados gastos.
A ello se suman las posibles actualizaciones de cuotas, los costes de ampliación de equipos y las condiciones económicas asociadas a la cancelación anticipada.
La duración de los contratos y los periodos de permanencia también pueden condicionar la capacidad de los consumidores para cambiar de compañía.
Proteger el patrimonio no significa contratar necesariamente una alarma
La elección de un sistema de seguridad depende de las características de cada inmueble y del riesgo que se pretende reducir.
No presenta las mismas necesidades una vivienda en un edificio con accesos controlados que una casa aislada, un inmueble situado en una zona con mayor incidencia de robos o una segunda residencia desocupada durante largos periodos.
También existen diferencias entre instalar cámaras o detectores que envían avisos al teléfono móvil y contratar un servicio conectado permanentemente a una central receptora.
Los primeros pueden permitir al propietario conocer determinadas incidencias sin asumir necesariamente una cuota mensual de vigilancia. Los segundos incorporan prestaciones de monitorización y gestión de avisos que deben examinarse individualmente.
En cualquier caso, una alarma no garantiza que un robo no vaya a producirse. Su función principal consiste en detectar posibles intrusiones, generar avisos y, según el servicio contratado, activar los procedimientos de respuesta previstos.
Las medidas físicas, como la calidad de las puertas, las cerraduras o el control de accesos, también forman parte de la protección del inmueble.
Desde el punto de vista económico, el propietario debe valorar el coste total del sistema en relación con las prestaciones reales y las características de su vivienda, evitando que la decisión dependa exclusivamente de ofertas temporales o de mensajes publicitarios que destaquen situaciones extremas.
Una alarma de 50 euros mensuales supone un desembolso de 3.000 euros en cinco años, sin contar posibles gastos adicionales
Los seguros de hogar añaden otra variable al coste de la seguridad
La relación entre las alarmas de seguridad y los seguros de hogar constituye otro elemento importante para los propietarios.
La instalación de determinados sistemas puede influir en las condiciones de aseguramiento, especialmente cuando existen bienes de elevado valor o características específicas del inmueble.
Sin embargo, disponer de una alarma no implica necesariamente obtener una reducción de la prima del seguro.
En una revisión de 15 pólizas realizada por la OCU, únicamente cinco contemplaban algún pequeño descuento relacionado con medidas como rejas o alarmas conectadas, mientras que otras exigían determinados sistemas de protección para asegurar bienes de valor elevado.
Por tanto, el posible ahorro en el seguro debe comprobarse individualmente y no darse por supuesto a partir de los argumentos comerciales de las empresas instaladoras.
El interés empresarial por combinar ambos mercados también está creciendo.
Esta semana, Movistar Prosegur Alarmas y Allianz han anunciado una alianza para comercializar conjuntamente servicios de seguridad y seguros de hogar, una estrategia que refleja la creciente convergencia entre protección del inmueble y productos aseguradores.
Esta integración abre nuevas oportunidades comerciales para las empresas, pero también introduce más elementos que los consumidores deben considerar al evaluar el coste y las condiciones de los paquetes contratados.
Las compañías prevén seguir creciendo en 2026
Las perspectivas empresariales apuntan a que la expansión de la seguridad privada continuará durante los próximos ejercicios, aunque con cierta moderación.
Informa prevé un crecimiento de la facturación cercano al 5% en 2026, con los sistemas electrónicos y los servicios de monitorización como principales motores del mercado.
La concentración empresarial también seguirá siendo un elemento relevante. Los cinco mayores operadores controlaban conjuntamente el 58% de la facturación sectorial en 2025, mientras que los diez primeros alcanzaban el 72%.
En el segmento específico de conexiones a centrales receptoras, el peso de los principales grupos es todavía mayor.
El avance tecnológico, la comercialización de nuevos dispositivos y las alianzas con aseguradoras y operadores de telecomunicaciones ofrecen nuevas vías de crecimiento a una industria que obtiene una parte importante de sus ingresos mediante servicios periódicos.
Para los hogares, la cuestión económica permanece abierta: cuánto cuesta proteger una vivienda, qué nivel de seguridad proporciona realmente cada sistema y en qué medida las decisiones de contratación responden a riesgos contrastados o a percepciones reforzadas por la publicidad.
La caída de los robos en domicilios y el crecimiento simultáneo de las alarmas sitúan esa diferencia entre seguridad objetiva, percepción de inseguridad y gasto familiar en el centro de un mercado que continúa aumentando su facturación.