España afronta las elecciones generales del 29 de noviembre con un mercado laboral que continúa generando empleo, pero que mantiene importantes diferencias entre generaciones. Mientras la ocupación alcanza niveles históricamente elevados, las oportunidades de reincorporación resultan mucho más limitadas para quienes pierden su puesto de trabajo después de los 45 o 50 años.
Los últimos datos anuales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reflejan esta contradicción. Al cierre de 2025, 1.403.420 desempleados tenían 45 años o más, lo que representaba el 58,27% del paro registrado. Sin embargo, este colectivo apenas concentró el 27,1% de los contratos formalizados durante ese ejercicio.
Los mayores de 45 años representan más de la mitad del paro registrado, aunque su participación en la contratación apenas supera una cuarta parte del total.
Más empleo sénior, pero mayores dificultades para encontrar trabajo
El envejecimiento de la población y el alargamiento de las carreras profesionales están transformando el mercado laboral español. Durante 2025, el número de ocupados de 45 años o más superó los 11,4 millones, con un crecimiento interanual del 3,17%.
También aumentó su presencia en la Seguridad Social, con 11,03 millones de afiliados, más de la mitad del total del sistema.
Esta evolución muestra que los trabajadores de mayor edad constituyen una parte fundamental de la actividad económica. El problema aparece cuando se rompe la relación laboral y es necesario encontrar un nuevo empleo.
Los datos del SEPE reflejan que las personas mayores de 45 años concentran cerca de tres cuartas partes del desempleo de larga duración. Además, las dificultades son especialmente importantes para quienes tienen una cualificación que no se ajusta a las nuevas necesidades empresariales.
El empleo de los mayores de 45 años en cifras
| Indicador | Dato | Periodo |
|---|---|---|
| Ocupados de 45 años o más | Más de 11,4 millones | 2025 |
| Afiliados a la Seguridad Social | 11,03 millones | 2025 |
| Parados registrados de 45 años o más | 1.403.420 | Diciembre 2025 |
| Peso en el paro registrado | 58,27% | Diciembre 2025 |
| Participación en los contratos | 27,1% | 2025 |
| Paro registrado total en España | 2.379.505 | Septiembre 2026 |
La fotografía general del desempleo sigue mostrando una mejoría respecto a ejercicios anteriores. En septiembre de 2026, el número total de parados registrados se situó en 2.379.505 personas, 42.160 menos que un año antes.
Sin embargo, la reducción de las cifras generales no elimina las dificultades específicas de contratación de los profesionales de mayor edad.
La estabilidad laboral de quienes conservan su empleo contrasta con las dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo después de un despido.
Perder el empleo después de los 55 puede reducir la futura pensión
La dimensión económica del problema va mucho más allá de quedarse temporalmente sin salario.
Para una persona que pierde su trabajo a los 55 o 58 años, una situación prolongada de desempleo puede provocar una reducción de ingresos familiares, dificultades para afrontar una hipoteca y una menor capacidad de ahorro.
Pero también puede afectar directamente a su pensión de jubilación, ya que las cotizaciones acumuladas durante los últimos años de actividad tienen un papel relevante en su cálculo.
En 2026, la Seguridad Social aplica el sistema de cálculo más favorable entre las reglas legalmente previstas. Una de ellas tiene en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años, mientras que la nueva fórmula transitoria permite seleccionar las 302 bases de mayor importe dentro de un periodo de 304 meses.
Este mecanismo puede amortiguar determinados periodos de cotización reducida, pero no elimina automáticamente las consecuencias de varios años de desempleo o de trabajos con salarios inferiores a los anteriores.
La situación es particularmente delicada para quienes, tras una carrera profesional estable, agotan su prestación por desempleo y no consiguen volver a trabajar con una remuneración similar.
En ese escenario, la pérdida de poder adquisitivo puede coincidir con una reducción de las bases de cotización sobre las que se calculará la futura pensión.
Un periodo prolongado de paro en la última etapa profesional puede tener consecuencias económicas que se prolonguen durante toda la jubilación.
El subsidio para mayores de 52 años, otra cuestión económica ante las elecciones
El subsidio para mayores de 52 años constituye uno de los principales instrumentos de protección para quienes han agotado otras prestaciones y cumplen los requisitos legales.
En octubre de 2026, su cuantía se mantiene en 480 euros mensuales, equivalentes al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).
Una de sus características más importantes es que el SEPE continúa cotizando para la jubilación durante su percepción. La base utilizada equivale al 125% de la base mínima de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en cada momento.
La prestación puede mantenerse hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos establecidos.
No obstante, estos 480 euros mensuales representan unos ingresos considerablemente inferiores a los salarios que pueden haber percibido anteriormente muchos trabajadores. Además, no todas las personas desempleadas de esa edad tienen derecho al subsidio.
Por ello, la protección económica y la reincorporación al mercado laboral constituyen cuestiones distintas, aunque estrechamente relacionadas.
La primera busca evitar una pérdida total de ingresos y cotizaciones. La segunda permite recuperar capacidad económica, mantener la autonomía financiera y mejorar las condiciones de acceso a la jubilación.
Qué han planteado PSOE, PP, Vox y Sumar sobre el empleo sénior
Los antecedentes programáticos de los principales partidos permiten identificar diferentes instrumentos para abordar el desempleo de los mayores de 45 años.
En sus programas de las elecciones generales de 2023, las formaciones plantearon medidas relacionadas con la formación profesional, la contratación, la protección social y la adaptación de las condiciones laborales a la edad.
Estas iniciativas constituyen antecedentes políticos y no deben confundirse con compromisos definitivos para el 29N de 2026, cuyos programas deberán concretarse durante el proceso electoral.
Antecedentes electorales sobre empleo y trabajadores de mayor edad
| Partido | Propuestas recogidas en 2023 |
|---|---|
| PSOE | Impulsar planes de retención del talento sénior en las empresas y prevenir la discriminación por edad en la contratación. |
| PP | Reformar las políticas activas de empleo, mejorar la formación y prestar especial atención a mayores de 50 años y parados de larga duración. |
| Vox | Incrementar los incentivos para la contratación estable de trabajadores mayores de 45 años. |
| Sumar | Ampliar la protección de los autónomos, contemplando el subsidio para mayores de 52 años, y facilitar cambios de turno a trabajadores de más de 50 años. |
Las diferencias entre estas medidas resultan relevantes porque actúan sobre problemas distintos.
Los incentivos a la contratación persiguen reducir el coste empresarial de incorporar trabajadores. Su eficacia depende, entre otros factores, de que generen empleos adicionales y estables, en lugar de subvencionar contrataciones que se habrían producido igualmente.
La formación y recualificación profesional pretenden facilitar la adaptación a nuevas tecnologías y ocupaciones. Sin embargo, sus resultados dependen de la conexión real entre los cursos, las necesidades empresariales y las oportunidades existentes en cada territorio.
Las medidas contra la discriminación por edad buscan evitar que la experiencia laboral se convierta en una desventaja en los procesos de selección.
Por último, las reformas de protección social plantean cómo sostener económicamente a quienes tienen mayores dificultades para regresar al mercado laboral.
Las propuestas electorales deberán concretar no solo las ayudas a la contratación, sino también sus beneficiarios, financiación y resultados esperados.
El coste de no recuperar a los trabajadores experimentados
El desempleo de larga duración entre profesionales experimentados también tiene consecuencias para las cuentas públicas y para las empresas.
Cada trabajador que deja de cotizar supone una menor aportación potencial a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, puede aumentar la necesidad de prestaciones y otros mecanismos de protección económica.
Para las empresas, la pérdida de profesionales con experiencia puede afectar a la transmisión de conocimientos, la organización del trabajo y el relevo generacional.
Esta situación resulta especialmente relevante en sectores como la industria, el comercio, la construcción, la administración y determinadas actividades de servicios, donde conviven necesidades de renovación de plantillas y perfiles profesionales con una larga trayectoria laboral.
La próxima legislatura tendrá que afrontar, además, el impacto de la digitalización y de la inteligencia artificial sobre ocupaciones que tradicionalmente han concentrado trabajadores de edad intermedia y avanzada.
La adaptación de estos profesionales será una cuestión económica de primer orden, tanto para mantener sus ingresos como para preservar su capacidad productiva.
El 29N obliga a concretar medidas y financiación
A medida que se publiquen los programas definitivos para las elecciones generales del 29 de noviembre, el debate sobre el empleo sénior permitirá examinar hasta qué punto los partidos ofrecen respuestas verificables.
Entre las cuestiones pendientes figuran el alcance de los incentivos a la contratación, las medidas contra el paro de larga duración, la formación de trabajadores experimentados y las condiciones de acceso a las prestaciones.
También será importante conocer si las propuestas incluyen financiación específica, objetivos cuantificables y mecanismos de evaluación de resultados.
Para quienes afrontan la última etapa de su carrera profesional, el problema no se limita a encontrar un empleo. Se trata de mantener ingresos suficientes, proteger el patrimonio acumulado y llegar a la jubilación con una pensión que refleje adecuadamente su trayectoria laboral.
Con más de 11 millones de trabajadores de 45 años o más afiliados a la Seguridad Social y un elevado peso de este colectivo en el desempleo, las decisiones que se adopten durante la próxima legislatura tendrán consecuencias directas sobre una parte fundamental de la economía española.