España afronta el tramo final del calendario de aumento progresivo de la edad de jubilación, iniciado en 2013. A partir del 1 de enero de 2027, la edad ordinaria alcanzará los 67 años para quienes no acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados. El cambio coincide con una nueva actualización de las pensiones contributivas, que podría superar la aprobada para 2026.
La combinación de ambas circunstancias dibuja una situación diferente para quienes ya cobran una pensión y para quienes todavía necesitan completar su carrera laboral. Mientras los primeros esperan una mejora de sus ingresos para compensar la inflación, los segundos afrontan condiciones más exigentes para dejar de trabajar a los 65 años.
La llegada de 2027 culmina el aumento gradual de la edad de jubilación y eleva las cotizaciones necesarias para retirarse a los 65 años
Jubilarse a los 65 años exigirá más tiempo cotizado
La normativa establece que, desde 2027, solamente podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y seis meses a la Seguridad Social. Para el resto, la edad ordinaria pasará a ser de 67 años, sin perjuicio de las modalidades especiales y anticipadas previstas legalmente.
La modificación supone el último escalón del calendario aprobado en la reforma de 2011. En 2026 todavía es posible jubilarse a los 65 años con 38 años y tres meses cotizados. Quienes no alcanzan ese periodo deben esperar, con carácter general, hasta los 66 años y diez meses.
Cómo cambia la edad de jubilación entre 2026 y 2027
| Requisito | 2026 | Desde 2027 |
|---|---|---|
| Edad ordinaria con cotización suficiente | 65 años | 65 años |
| Cotización necesaria para jubilarse a los 65 | 38 años y 3 meses | 38 años y 6 meses |
| Edad ordinaria si no se alcanza esa cotización | 66 años y 10 meses | 67 años |
| Cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora | 36 años y 6 meses | 37 años |
La diferencia entre los dos últimos requisitos resulta especialmente importante. En 2027 serán necesarios 37 años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora, pero eso no significa que se pueda acceder automáticamente a la jubilación a los 65 años. Para retirarse a esa edad se exigirán 38 años y seis meses.
Además, alcanzar el 100% de la base reguladora no significa necesariamente cobrar una pensión equivalente al último salario. El importe dependerá de las bases de cotización computadas y de las reglas de cálculo aplicables.
El desempleo después de los 50 años puede condicionar la pensión
El endurecimiento de los requisitos tiene una repercusión particular entre los trabajadores de 45 a 65 años, una población que se enfrenta a dificultades específicas cuando pierde su empleo y necesita reincorporarse al mercado laboral.
Quien alcance los 55 años con una carrera profesional discontinua todavía puede disponer de una década para completar sus cotizaciones. Sin embargo, una pérdida prolongada de empleo, una reducción salarial o varios años sin cotizar pueden alterar tanto la fecha de jubilación como la cuantía de la futura prestación.
La legislación mantiene un mínimo de 15 años cotizados para acceder a una pensión contributiva. Como regla general, al menos dos deben encontrarse dentro de los quince años anteriores al momento que corresponda legalmente. Pero cumplir ese mínimo no garantiza ni jubilarse a los 65 años ni percibir una pensión elevada.
Existen mecanismos que pueden amortiguar algunas de estas situaciones. La prestación contributiva por desempleo incluye cotizaciones para la jubilación, mientras que el subsidio para mayores de 52 años mantiene cotizaciones calculadas sobre el 125% de la base mínima correspondiente, siempre que se cumplan los requisitos de acceso y mantenimiento.
Estas cotizaciones permiten proteger parte de la carrera laboral, aunque no necesariamente compensan las bases salariales que el trabajador habría acumulado si hubiera continuado empleado.
Perder el empleo en la última etapa de la vida laboral puede afectar tanto a la fecha de jubilación como al importe de la futura pensión
Las pensiones podrían aumentar un 3,6% en 2027
La otra gran novedad es la previsión de revalorización de las pensiones para el próximo ejercicio.
Funcas estima que la inflación de referencia utilizada para actualizar las prestaciones contributivas podría situarse alrededor del 3,6%, frente al incremento general del 2,7% aplicado en 2026.
La cifra todavía no es definitiva. La legislación vincula la revalorización al promedio de las tasas interanuales del índice de precios de consumo de los doce meses anteriores a diciembre. El dato adelantado del IPC de noviembre, previsto para el 27 de noviembre de 2026, permitirá conocer una primera estimación del porcentaje aplicable.
Si finalmente se materializa la previsión del 3,6%, las pensiones contributivas ordinarias registrarían una subida apreciable en términos monetarios.
Cuánto subiría una pensión mensual con una revalorización del 3,6%
| Pensión mensual actual | Aumento mensual | Nueva pensión |
|---|---|---|
| 1.000 euros | 36 euros | 1.036 euros |
| 1.200 euros | 43,20 euros | 1.243,20 euros |
| 1.500 euros | 54 euros | 1.554 euros |
| 2.000 euros | 72 euros | 2.072 euros |
| 2.500 euros | 90 euros | 2.590 euros |
Importes brutos orientativos, calculados con una subida hipotética del 3,6%, antes de retenciones y sin considerar particularidades legales.
Para una pensión de 1.500 euros mensuales, la subida representaría 54 euros más al mes, equivalentes a 756 euros adicionales al año si se perciben catorce pagas.
La pensión media de jubilación se situó en septiembre de 2026 en 1.576,1 euros mensuales, según los últimos datos de la Seguridad Social. Aplicar un incremento del 3,6% sobre ese importe supondría aproximadamente 56,74 euros adicionales por paga, aunque se trata únicamente de una simulación sobre el promedio actual.
La actualización general podría implicar, según las estimaciones económicas utilizadas por Funcas, alrededor de 8.400 millones de euros adicionales de gasto público en pensiones durante 2027.
Las pensiones mínimas, las no contributivas y otras prestaciones pueden seguir reglas específicas de actualización, por lo que no debe trasladarse automáticamente ese porcentaje a todas las prestaciones del sistema.
Una revalorización del 3,6% supondría 756 euros brutos adicionales al año para una pensión mensual de 1.500 euros distribuida en catorce pagas
La inflación mantiene la presión sobre el poder adquisitivo
El posible incremento de las pensiones se produce en un contexto económico condicionado por el encarecimiento de los bienes y servicios.
La inflación en España alcanzó el 4,9% interanual en septiembre, impulsada por el aumento de los precios de la energía y otros productos de consumo. Funcas prevé que la inflación media se sitúe en el 3,7% en 2026 y se modere hasta el 3,1% en 2027.
La revalorización conforme al IPC pretende preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación registrada durante el periodo de referencia. Sin embargo, el comportamiento de los precios durante el próximo año determinará cuánto podrán comprar realmente los hogares con sus nuevos ingresos.
La situación resulta especialmente relevante para quienes dependen fundamentalmente de una pensión, pero también para los trabajadores que se encuentran cerca de la jubilación y deben decidir qué parte de sus ingresos pueden destinar al ahorro.
La subida de las pensiones protege frente a la inflación de referencia, pero el encarecimiento posterior de los precios seguirá condicionando el presupuesto de los hogares
La última etapa laboral gana importancia para quienes tienen más de 50 años
La llegada de 2027 también obliga a distinguir entre la edad ordinaria de jubilación y las distintas posibilidades de retiro anticipado.
La jubilación anticipada voluntaria permite, con carácter general y cumpliendo sus requisitos, adelantar hasta dos años la edad ordinaria correspondiente. La derivada de determinadas situaciones de cese involuntario puede anticiparse hasta cuatro años. En ambos casos pueden aplicarse coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la prestación.
Por eso, para quienes se aproximan a los 60 años, la diferencia entre continuar trabajando, pasar al desempleo o adelantar la jubilación puede traducirse en ingresos muy distintos durante el resto de su vida.
A este escenario se suma el debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema. El envejecimiento de la población y la llegada a la edad de retiro de las generaciones más numerosas elevarán el número de pensionistas, mientras las cotizaciones de quienes permanecen activos seguirán siendo esenciales para financiar las prestaciones.
La previsión de pensiones más altas en 2027 convive así con una realidad menos favorable para parte de quienes todavía no se han jubilado: la necesidad de acumular una carrera de cotización suficientemente larga para retirarse a los 65 años.
Con el calendario de aumento de la edad ordinaria ya completado, las interrupciones laborales, los años efectivamente cotizados y las bases salariales serán determinantes para establecer cuándo podrá jubilarse cada trabajador y qué ingresos recibirá.