España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre de 2026, después de que la disolución de las Cortes y la convocatoria de los comicios quedaran formalizadas mediante el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre. La campaña electoral transcurrirá del 13 al 27 de noviembre, pero el debate económico ya tiene implicaciones directas para millones de hogares.
El alcance de las propuestas no será el mismo para quien busca trabajo después de los 50 años, para una familia que todavía paga su hipoteca, para quien acumula ahorros de cara a la jubilación o para las personas que ya cobran una pensión. Por eso, la comparación de los programas deberá ir más allá de los anuncios y distinguir entre medidas vigentes, nuevos compromisos y cambios que necesitarían aprobación parlamentaria.
La economía del 29N se juega también en las decisiones que afectan a la última etapa laboral y a los ahorros de toda una vida.
Pensiones y jubilación, las decisiones que afectan a dos generaciones
La revalorización de las pensiones, su financiación y las condiciones de acceso a la jubilación ocupan un lugar central en la economía familiar. En 2026, las pensiones contributivas se han revalorizado, con carácter general, un 2,7%. La edad ordinaria de retiro se sitúa en 65 años para quienes acreditan al menos 38 años y tres meses cotizados y en 66 años y diez meses para quienes no alcanzan ese período.
Estas son las reglas actuales, no promesas electorales. Lo relevante en los programas de 2026 será conocer si los partidos pretenden mantenerlas o modificarlas, cómo plantean financiar el gasto futuro y qué medidas ofrecen para las carreras laborales interrumpidas. La cuestión afecta a los pensionistas, pero también a quienes todavía tienen por delante diez o quince años de cotización.
El empleo después de los 45 años entra en el debate económico
El mercado laboral llega a los comicios con 22.779.000 personas ocupadas y una tasa de paro del 9,87% en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa. Sin embargo, las cifras generales no explican por sí solas las dificultades de recolocación de los profesionales de más edad ni los riesgos de permanecer largos períodos fuera del mercado.
Las propuestas sobre desempleo de larga duración, contratación de mayores de 45 y 55 años, formación, subsidio para mayores de 52 y compatibilidad entre trabajo y pensión deberán analizarse en conjunto. Encontrar empleo a los 58 años no solo cambia los ingresos inmediatos: también influye en las cotizaciones que se utilizarán para calcular la pensión futura.
Perder el empleo en los últimos años de la carrera profesional puede afectar a la renta presente y a la jubilación futura.
Impuestos, fondos y herencias, el efecto sobre el patrimonio
La fiscalidad del ahorro será otro de los ámbitos a seguir. Dividendos, intereses de depósitos, ganancias de fondos de inversión y planes de pensiones están sujetos a reglas distintas. Una eventual reforma puede tener efectos diferentes sobre quien necesita liquidez, quien reinvierte sus ganancias y quien prepara la transmisión de su patrimonio.
También importan el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones. En estos dos últimos casos, las competencias y bonificaciones autonómicas obligan a no presentar una propuesta estatal como si su efecto fuera idéntico en toda España. Los programas deberán concretar tipos, límites, beneficiarios y coste presupuestario.
| Área de Economía Vital | Qué habrá que contrastar en los programas del 29N |
|---|---|
| Empleo | Contratación sénior, formación, desempleo y cotizaciones. |
| Empresas | Cuotas de autónomos, sucesión de negocios y relevo generacional. |
| Inversión | Tributación de depósitos, fondos, dividendos y ahorro para la jubilación. |
| Proyectos | Inversiones en vivienda adaptada, residencias y tecnología de cuidados. |
| Social | Pensiones, dependencia, vivienda y gasto público. |
| RSC | Medidas contra la discriminación por edad y la exclusión financiera. |
Vivienda y cuidados, el presupuesto que une a las familias
El coste de la vivienda sigue condicionando el ahorro disponible. Las decisiones sobre hipotecas, alquileres, oferta residencial y rehabilitación repercuten en las personas que buscan una casa y en quienes ayudan económicamente a hijos o familiares. No se trata solo de diferencias entre edades, sino de cómo se distribuyen los recursos dentro de cada hogar.
Algo similar ocurre con la dependencia. El acceso a servicios públicos, el precio de una residencia, la atención domiciliaria y la disponibilidad de cuidadores profesionales pueden determinar la capacidad de trabajar y ahorrar de toda una familia. Las propuestas de inversión y financiación son tan relevantes como los anuncios sobre nuevas prestaciones.
La vivienda y los cuidados conectan la economía de padres, hijos y abuelos mucho más de lo que reflejan los programas generales.
El coste de las promesas y las medidas que pueden aprobarse
El examen de las propuestas electorales también exigirá preguntar por los recursos presupuestarios, los plazos y las competencias administrativas. Una rebaja fiscal, una ampliación de ayudas o una nueva infraestructura tienen efectos distintos según cómo se financien y cuándo entren en vigor. Tampoco basta con recuperar compromisos de 2023 y atribuirlos automáticamente a las candidaturas de 2026.
El especial de Economía Vital seguirá esas diferencias en empleo, empresas, inversión, proyectos, asuntos sociales y responsabilidad corporativa, con atención a los efectos sobre el bolsillo y el patrimonio. La publicación de los programas definitivos permitirá pasar de los compromisos anunciados a una comparación detallada de medidas, cifras y beneficiarios.